En comunicación hecha pública el pasado 30 de abril Osvaldo Ardila, Secretario Ejecutivo de la Red Ecuménica de Colombia, rechazo enérgicamente la inclusión de su nombre, otras organizaciones sociales, miembros de la justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y religiosos en las “chuzadas” telefónicas, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), promovidas por alguna siniestra mano que busca causar daño, intimidar y negar fundamentales derechos a los ciudadanos.
Esta información demuestra que de las chuzadas ningún sector social o religioso en Colombia se ha salvado. Osvaldo es un amigo cristiano de muchos años con un fuerte compromiso por anunciar el evangelio a los sectores sociales más pobres. Esto lo ha llevado a involucrarse en el trabajo ecuménico y social por los derechos humanos y en la búsqueda de la paz.
Osvaldo Ardila es sociólogo y ha sido un destacado líder de la Iglesia Bautista de Colombia que ha trabajado con Visión Mundial y en la Comisión de Restauración y Paz del Consejo Evangélico de Colombia (CEDECOL). Osvaldo quien es Secretario Ejecutivo de la Red Ecuménica de Colombia desde hace dos años ha recibido amenazas, que lo han obligado a cambiar de vivienda en el último año, en el comunicado dice: “Responsabilizo al Gobierno de cualquier acto atentatorio contra mi vida y la de mi familia que les pudiera acontecer, lo mismo que, por la violación a las garantías consagradas en la Constitución y Declaración Universal de los Derechos Humanos.”
Las “chuzadas” telefónicas y a correos electrónicos han sido el nombre que los medios de comunicación en Colombia le han dado a la forma como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha hecho inteligencia a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Este organismo en Colombia depende directamente de la presidencia.
Según el último editorial de la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES) esta situación no es nueva. Desde hace dos años, CODHES denunció ante la Fiscalía el robo de información en sus oficinas en Bogotá, que de manera sistemática y selectiva se produjo entre 2007 y 2008, mediante la sustracción de discos duros y equipos que contenían cifras sobre desplazamiento forzado, despojo de tierras y seguimiento de las dinámicas y tendencias del conflicto armado en zonas de frontera. También denunciamos las amenazas que llegaron a los correos institucionales de CODHES y de otras organizaciones sociales del país.
La investigación se cerró sin que se pudiera establecer responsables intelectuales y materiales de estos delitos. Ahora se conoce que en el departamento de contrainteligencia del DAS, la agencia que adelanta labores de inteligencia para la presidencia de la república, existe una carpeta dedicada a CODHES y a otras organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP.
La denuncia de Osvaldo y el editorial de CODHES ponen de manifiesto la situación de todas las personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos que se sienten en peligro ante la violación de sus derechos a la privacidad y por los antecedentes de otras personas que han sido vigiladas por el DAS, quienes han sufrido persecución y han atentado contra sus vidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario